La Comisión de Leyes del Senado de Francia ha rechazado por amplia mayoría la proposición de ley que pretendía atacar las corridas de toros al prohibir la presencia de los menores de 16 años en los espectáculos taurinos.
La Comisión de Leyes del Senado galo hizo suyos los argumentos de la Unión de Villas Taurinas de Francia relativos “al respeto de la autoría paterna y del derecho a la diferenciación de las colectividades públicas”, señala la entidad, que añade que la comisión se ha amparado en el reglamento taurino municipal, que se dispone el acceso de los menores a las plazas de toros.
La Unión de Villas Taurinas de Francia espera que en la sesión plenaria del próximo 14 de noviembre, “los grupos políticos tengan a bien acatar lo dispuesto por la Comisión de Leyes y rechacen masivamente esta proposición si no se retira antes del pleno”.
Cabe recordar que esta proposición de ley nace del grupo RDPI (Agrupación de los Demócratas, Progresistas e Independientes) y la misma, según denunció el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, amenazaba “la existencia de las corridas de toros”. El proyecto de ley pretende prohibir la entrada de menores de 16 años a corridas de toros o espectáculos similares en el país galo. Pero no solo. Bajo el pretexto del “interés superior del niño”, la propuesta esconde un objetivo aún mayor: imposibilitar la organización de festejos taurinos.
El texto de la nueva redacción del código penal propuesto por la PPL n° 475 es explícito: no se trata de prohibir la entrada en los festejos taurinos a los menores de 16 años, sino que se trata de poder condenar a los organizadores y actores de dichos festejos cada vez que se demuestre la presencia de un menor de 16 años en la plaza. De aprobarse esta proposición de ley, la infracción ya no sería por un supuesto “maltrato animal”, para los que el código penal, en su redacción actual, establece una excepción para los festejos taurinos, sino por la presencia de un menor de 16 años en la plaza de toros. En este caso, organizadores y participantes podrían ser condenados a una multa de 45.000 euros y hasta tres años de cárcel.
